COMUNICADO | El Grupo Orinoco ante las inundaciones del río Padre

Caracas, 17 de septiembre 2018 | Este año 2018, sucedieron en la cuenca del río Orinoco, las peores inundaciones que se registran desde 1892. Lo que resulta inadmisible es que tal catástrofe haya ocurrido sin que se hubiese generado una movilización masiva del Gobierno nacional y del país en general, en auxilio de los miles de damnificados urbanos y rurales; y que la mayoría de los venezolanos no estuviesen enterados de tal situación, dado los esfuerzos del Gobierno por silenciar la tragedia controlando los medios de comunicación social para que no divulgasen noticias sobre dichos hechos.

El 28 de agosto, las aguas del río Orinoco, en Ciudad Bolívar, alcanzaron la cota 18.34 msnm (la más alta desde 1892 que fue de 19.14 msnm). Hidrológicamente esto significa, que se registró una crecida de una magnitud con probabilidad de ocurrencia de una vez en 200 años. Otras crecidas de gran magnitud, habían sucedido en 1976 y 1942, ocasionando severos daños por la inundación de las zonas de anegación de los ríos Orinoco, Apure, Portuguesa, Meta, Arauca y otros de sus afluentes principales.

La inundación de 2018, en un territorio más densamente ocupado, ha causado perjuicios gigantescos en término de riesgo de pérdidas de vidas humanas, además de viviendas afectadas, zonas pecuarias y agrícolas inundadas, con muerte de numerosos semovientes y destrucción de cosechas. También sufrieron daños considerables una parte importante de la mal mantenida red nacional de vialidad, líneas de transmisión eléctrica y otras obras de infraestructura.

Incluso, quedaron cubiertas por las aguas extensas zonas de los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico, Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Delta Amacuro. No es exagerado decir, de manera figurada, que media Venezuela está bajo las aguas desde el mes de agosto y que la situación se mantiene casi igual a mediados del mes de septiembre.

Las consecuencias de este fenómeno natural son vastas: afectan la salud de miles de ciudadanos, sus hogares han sido inundados y en muchos casos continúan así, con los servicios sanitarios correspondientes interrumpidos. Debido al nivel de las aguas, las cloacas no han podido descargarse y se han desbordado libremente por las calles de ciudades y pueblos. En lo que respecta a la producción agrícola, los daños tienen incalculable magnitud económica, en cuanto a producción agrícola perdida, en circunstancias en que el país sufre su más grande crisis histórica de desabastecimiento de alimentos.

Además, las perturbaciones al transporte y circulación de vehículos causan pérdidas económicas adicionales y encarece aún más la producción de alimentos. Los accesos a las poblaciones del sur del estado Amazonas y áreas del Delta del Orinoco se han visto limitados, impidiendo el traslado de la posible ayuda y suministro que nunca llegaron.

Inundaciones de la magnitud que ha sucedido este año, son causadas por precipitaciones anómalas por su cuantía, que ocurren sobre la extensa cuenca del río Orinoco, cuya tercera parte del territorio corresponde a la República hermana de Colombia. En el pasado existió una comisión binacional que se ocupaba específicamente de estos asuntos. Esa comisión dejo de existir, careciéndose en la actualidad de una institución que pueda coordinar mecanismos de prevención de inundaciones, especialmente valiosos para las tierras aguas abajo de la cuenca. Por otra parte se han desmontado las redes hidrometeorológicas que permitían registrar las precipitaciones y la magnitud de las crecidas, faltando la información básica para estudiar y anticipar ese tipo de fenómenos climáticos. El país se ha empobrecido institucionalmente, durante los últimos años.

Catástrofes de esta naturaleza no pueden evitarse, pero pueden paliarse a través de mecanismos de prevención y la actuación diligente y coordinada de los órganos de protección civil, de la actuación solidaria de las instituciones de auxilio social del Estado y del voluntariado nacional.

En un país donde sus autoridades estén sometidas a un buen control social, en el cual funcione verdaderamente la democracia, la dramática situación descrita, que vive el sur de Venezuela, resultaría completamente inaceptable.

Es imprescindible retomar cuanto antes la institucionalidad ambiental, de forma de tener las autoridades apropiadas para el diseño, control y operación de los aspectos asociados con la planificación del uso de la tierra, las manchas de inundación y controles sobre la infraestructura necesaria. Esto constituye un elemento importante para alcanzar un desarrollo sustentable.

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Foto cortesía de AFP
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